Demografía y Pensiones
El debate abierto en la actualidad que gira en torno al sistema de pensiones busca justificar el atraso de la edad de jubilación como medida para asegurar la viabilidad del mismo.
La idea principal que subyace en este debate es que la tendencia demográfica provocará problemas económicos. En concreto, el envejecimiento de la población española se prevé que, en términos generales, provocará un grave problema para proveer de pensiones a los jubilados en las próximas décadas. Con el atraso de la edad de jubilación (y el aumento del periodo de cotización para el cálculo de las pensiones) lo que se propone, de fondo, es ofrecer una solución en términos económicos a lo que se establece como un problema en términos demográficos.
Aceptando este punto de partida, a lo largo de algunos de los textos propuestos se busca justificar el atraso de la edad de jubilación y el aumento del periodo de cálculo de las pensiones (y, por tanto, reducir la prestación final que recibe el jubilado) aceptando una serie de supuestos.
El supuesto más destacado que se ofrece es que se ha incrementado la esperanza de vida. Es decir, se vincula esperanza de vida con vida más larga. Sin embargo, esta vinculación es cuestionable.
Según se señala C. Bernis en su artículo (1) lo que sucede no es tanto que vivamos más años, puesto que el potencial de ciclo vital (duración potencial máxima entre el nacimiento y el fallecimiento) del homo sapiens no ha variado en 100.000 años. Sin embargo, el ciclo vital sí ha sufrido variaciones de entre 20 y 50 años en función de las condiciones del medio (en especial, por la alimentación y la actividad física). En términos generales, no podemos referirnos a que una mayor esperanza de vida signifique que el ser humano sea capaz de vivir más años por encima de su potencial. Ocurre al revés: el potencial del ciclo vital del ser humano se ve truncado por factores condicionantes (alimentación y ejercicio físico) que hacen que dicho potencial se vea reducido. Por tanto, una mayor esperanza de vida no significa más años de vida por encima del potencial, sino una mayor proximidad al mismo. Además, hay que señalar que, debido a las peculiaridades del organismo humano (las células tienen un número predeterminado de regeneraciones) vivir más años no significa hacerlo con mayor nivel de salud por encima del propio de la edad.
En términos generales, siguiendo la línea propuesta por Bernis, V. Navarro sostiene que no es que los mayores vivan más años, sino que hemos reducido en gran proporción la mortalidad infantil y la juvenil (Navarro señala que sólo hemos logrado incrementar los años vividos en 2.3 y no en 4, como sostienen los defensores de atrasar la edad de jubilación), por lo que, nuevamente, se rompe el vínculo de equiparar el aumento en la esperanza de vida con vivir más años.
Un último apunte, en relación a esta idea de vivir más años, es que al aceptar el atraso de la edad de jubilación se debe aceptar, también, que esos años los vivimos con mejor nivel de salud1. Pero dicho supuesto queda en entredicho por lo expuesto anteriormente (limitación en el número de veces que una célula se puede regenerar). Por tanto, podemos afirmar que es cuestionable el supuesto de partida que establece que vivimos más años y con mejor nivel de salud (2).
Otro supuesto, esgrimido también por FEDEA en su informe, consiste en que el sistema de pensiones actual incrementará su peso sobre el PIB en el futuro. En este supuesto se omite todo aspecto relativo a la demografía (sólo se usan cifras, sin atender a dinámicas como aumento o descenso de la natalidad, migraciones, etc) y se centra exclusivamente en fundamentos económicos. Para aceptar que este supuesto sea cierto, debe asumirse la condición de ceteris paribus con respecto a la evolución de la demografía española. Se debe asumir, por tanto, que la población va a permanecer invariable, lo que conllevará que no vaya a haber evolución en el mercado laboral (que es la fuente de la provisión de pensiones). Esto es: se debe asumir que no se van a incrementar las rentas del trabajo y que no se van a cubrir los puestos que vayan quedando vacantes conforme se vayan jubilando los trabajadores (ni va a incrementarse el número de nacimientos ni las migraciones). En este supuesto, se debe asumir, rotundamente, que las pensiones sí plantearían un problema en términos económicos. Sin embargo, esta situación no es irresoluble, lo que deja en entredicho el partir del supuesto de ceteris paribus, tal y como se indicará más adelante.
Por otro lado, el informe más extenso, el de la Comisión para el estudio de los efectos del envejecimiento en el futuro del Estado de Bienestar, desarrolla a lo largo de sus páginas una serie de argumentaciones que, partiendo de que la población española vive más y mejor, tratan de justificar medidas como el retraso de le edad de jubilación, ampliación de los años de cotización para el cálculo de las pensiones y la instauración de un modelo de corte beveringiana (aportación pública de mínimos y capitalización privada con aportaciones individuales). Destaca de dicho informe que, no obstante de las reformas propuestas, si no se toman medidas orientadas a crear empleo y a incrementar el porcentaje de ocupados en edades a partir de los 50 años, el atraso en la edad de jubilación “no garantiza por sí mismo la sostenibilidad del sistema público de pensiones” (3). Esto supone aceptar la incertidumbre de la medida, incertidumbre implícita en cualquier medida a adoptar en base a estimaciones. Esto significa, por tanto, que tan factible es proponer el atraso de la edad de jubilación como otras medidas que no sean de índole económica.
Conclusiones
En general, los informes a favor de un atraso de la edad de jubilación (con la idea implícita adicional de aceptar la participación de capital privado) se sustentan en la idea de que la presión demográfica generará problemas económicos. Sin embargo, estudios desde la biología y desde análisis demográficos más específicos relativos a esta supuesta mayor longevidad (por ejemplo, V. Navarro) ponen en cuestión el punto de partida sobre el que se sustentan dichos informes.
Como se ha señalado antes, la reforma de las pensiones se plantea en términos económicos: se parte de una peculiaridad demográfica para ofrecer soluciones económicas. Esta perspectiva ya supone un sesgo a la hora de proponer soluciones. Sería más razonable (4), en lugar de ofrecer soluciones económicas a presuntos problemas demográficos, ofrecer soluciones en términos demográficos. Si el problema planteado es que va a haber menos trabajadores por jubilado (se pasaría de cuatro trabajadores por jubilado en la actualidad a algo más de uno en el futuro) sería razonable proponer soluciones encaminadas a mejorar dicho ratio. Así, por ejemplo, una solución a corto plazo pasaría por incorporar al mercado laboral español mano de obra inmigrante (5). Otra solución de índole demográfica pasaría por mejorar la tasa de fecundidad: si se tomaran medidas orientadas a facilitar el tener y criar hijos (por ejemplo, mediante permisos retribuidos o incrementando el número de guarderías públicas y gratuitas) el supuesto problema de falta de fondos para las pensiones no se produciría (6).
Cabe criticar, tras la lectura de los informes, la perspectiva única ofrecida relativa a la adopción de medidas de índole económica (pagar menos pensiones y de menos cuantía, incorporando a la empresa privada en el sistema, en definitiva (7)). Si bien, una solución podría ser atrasar la edad de jubilación, se podrían adoptar otras medidas de índole económica que no pasaran, necesariamente, por fuertes subidas de impuestos. Así, por ejemplo, partiendo de que las pensiones se sufragan con las aportaciones de los trabajadores en activo, se podrían adoptar medidas como subir los salarios (en especial, los mínimos) o que las subidas anuales de salarios estuviesen por encima del IPC, manteniendo la subida de las pensiones en función del mismo (es decir, que los salarios suban un poco más que las pensiones y sin que éstas pierdan poder adquisitivo). A esto hay que sumar, además, la importancia de solucionar el verdadero problema que sí está vigente hoy día: el paro.
Una última cuestión de índole económica a abordar, tal y como se señaló antes, es que tampoco se hace referencia en los informes a la posibilidad del incremento de las rentas del trabajo como consecuencia del descenso del número de trabajadores en activo. Es decir, si se acepta como supuesto que va a haber más jubilados que trabajadores, entonces, los trabajadores que pasan a la jubilación, dejarán más puestos vacantes en el mercado laboral que no serán cubiertos. Por tanto, es de suponer que, en base a la ley de la oferta y la demanda, a menor mano de obra, mayor renta del trabajo percibirán los trabajadores en activo, lo que supondría que el problema de las pensiones no sería tal (se tendería al equilibrio, ya que al ganar más, las aportaciones para pensiones son de mayor cuantía para un mismo porcentaje de aportación). Con esta idea no se pretende señalar que las pensiones no puedan suponer un problema en un futuro. Lo que se pretende señalar es que es cuestionable asumir el punto de partida de ceteris paribus (es decir, que no vaya a incrementar la renta del trabajo ni se incorpore nueva mano de obra al mercado laboral) puesto que entran en juego otros factores que podrían llegar a paliar un eventual problema en el sistema público de pensiones (o a acentuarlo, por ejemplo, al deslocalizarse empresas del territorio español).
En conclusión, se ha tratado de señalar cómo en los informes, partiendo de una peculiaridad demográfica como es el envejecimiento de la población, se trata de construir un problema de índole económica (desde unos puntos de vista que pueden contener sesgos) y para los cuáles se ofrecen soluciones en una vía tal que pretenden hacer hueco a la iniciativa privada en el sistema público de pensiones. Sin embargo, se ha tratado de cuestionar tanto el concepto de “problemas del sistema de pensiones”(8) como las medidas propuestas, señalando de forma somera algunas alternativas.
Bibliografía
BERDIS, C. Envejecimiento, poblaciones envejecidas y personas ancianas. [en línea]. Antropo. [Revista en línea]. Bilbao: Universidad del País Vasco. 2004. [acceso 23 de enero de 2011]. Volumen 6. Disponible en: http://www.didac.ehu.es/antropo/6/6-1/Bernis.pdf
RATO, R. et al. Comisión para el estudio de los efectos del envejecimiento en el futuro del Estado de Bienestar: Reflexiones para la Reforma. [en línea]. Madrid: UNESPA. 2010. [acceso 24 de enero de 2011]. Disponible en: http://www.unespa.es/adjuntos/fichero_3001_20100120.pdf
La Reforma de las Pensiones. [en línea]. Madrid: FEDEA. 2010. [acceso 24 de enero de 2011]. Disponible en: http://www.unespa.es/adjuntos/fichero_3001_20100120.pdf
1 BERNIS, C. 2004
2 En el informe de la Comisión para el estudio de los efectos del envejecimiento en el futuro del Estado de Bienestar (ver Bibliografía), se cita, explícitamente, lo siguiente: “la mayor longevidad irá unida a una mejora de la salud y, por tanto, a un aumento relativo de los años de vida exentos de cuidados sanitarios crónicos.”. Por tanto, se acepta en el informe esta idea como base de la argumentación sin llegar a aportar una justificación de la misma.
3 RATO, R. et al. 2010. Página 23.
4 La razón vendría dada por lo siguiente: si se da una peculiaridad demográfica, para atenuar dicha peculiaridad el balanceo vendría dado por adoptar una solución en sentido contrario al fenómeno causante. Por ejemplo, si aumenta el número de personas mayores, basta con tratar de incrementar el número de efectivos en otros rangos de edad en la proporción adecuada, lo que compensaría el desequilibrio.
5 En el informe hacen referencia, de forma explícita, a un supuesto que parte de un prejucio, ya que consideran que incorporar mano de obra extranjera “acaba trayendo consigo un aumento de demanda de prestaciones sociales ” (RATO, R. et al. 2010. Página 7). Es decir, presuponen que el inmigrante sobrecarga servicios sociales, pero se omite el hecho de que los inmigrantes también realizan aportaciones (siempre y cuando el empresario que le contrata no incurra en ilegalidades).
6 En este caso se tratarían de incentivos económicos para alterar la demografía (los informes proponen lo contrario: adaptar la economía a la demografía, considerada como invariable). Sin embargo, no se han hecho públicos informes que comparen cuánto habría que invertir en este aspecto y cuánta riqueza se generaría gracias al incremento de mano de obra. En resumen, al invertir en natalidad, el gasto quedaría sufragado debido a que al alcanzar la edad adulta, dichos efectivos pasarían a ser tanto consumidores como contribuyentes, produciendo, en principio, un efecto multiplicador de la inversión inicial.
7 Sólo cabe señalar en este punto que si se reduce la renta disponible para los jubilados, éstos (o las rentas más bajas, al menos) necesitarían cubrir la parte que dejan de percibir mediante créditos bancarios. Es decir, se parte del supuesto de que una reducción en la renta disponible no reduce el consumo, sino que incrementa la necesidad de comprar dinero vía créditos (consecuencia aplicable también al supuesto en el que el trabajador deba detraer una parte de su salario para capitalizar fondos de pensiones privados: el trabajador ahorra para su pensión a costa de incrementar su necesidad de créditos bancarios).
8 No se descarta la posibilidad de que exista un problema, sino, más bien, se señala que no es algo tan predeterminado como se señala en los informes, al entrar gran cantidad de factores en juego sobre los que se puede actuar también. Sería más adecuado, en definitiva, actuar sobre algunos de los factores (fomentar la natalidad, reducir el desempleo) que “apostarlo todo a una carta” (atrasar la edad de jubilación), como se dice en argot.
El debate abierto en la actualidad que gira en torno al sistema de pensiones busca justificar el atraso de la edad de jubilación como medida para asegurar la viabilidad del mismo.
La idea principal que subyace en este debate es que la tendencia demográfica provocará problemas económicos. En concreto, el envejecimiento de la población española se prevé que, en términos generales, provocará un grave problema para proveer de pensiones a los jubilados en las próximas décadas. Con el atraso de la edad de jubilación (y el aumento del periodo de cotización para el cálculo de las pensiones) lo que se propone, de fondo, es ofrecer una solución en términos económicos a lo que se establece como un problema en términos demográficos.
Aceptando este punto de partida, a lo largo de algunos de los textos propuestos se busca justificar el atraso de la edad de jubilación y el aumento del periodo de cálculo de las pensiones (y, por tanto, reducir la prestación final que recibe el jubilado) aceptando una serie de supuestos.
El supuesto más destacado que se ofrece es que se ha incrementado la esperanza de vida. Es decir, se vincula esperanza de vida con vida más larga. Sin embargo, esta vinculación es cuestionable.
Según se señala C. Bernis en su artículo (1) lo que sucede no es tanto que vivamos más años, puesto que el potencial de ciclo vital (duración potencial máxima entre el nacimiento y el fallecimiento) del homo sapiens no ha variado en 100.000 años. Sin embargo, el ciclo vital sí ha sufrido variaciones de entre 20 y 50 años en función de las condiciones del medio (en especial, por la alimentación y la actividad física). En términos generales, no podemos referirnos a que una mayor esperanza de vida signifique que el ser humano sea capaz de vivir más años por encima de su potencial. Ocurre al revés: el potencial del ciclo vital del ser humano se ve truncado por factores condicionantes (alimentación y ejercicio físico) que hacen que dicho potencial se vea reducido. Por tanto, una mayor esperanza de vida no significa más años de vida por encima del potencial, sino una mayor proximidad al mismo. Además, hay que señalar que, debido a las peculiaridades del organismo humano (las células tienen un número predeterminado de regeneraciones) vivir más años no significa hacerlo con mayor nivel de salud por encima del propio de la edad.
En términos generales, siguiendo la línea propuesta por Bernis, V. Navarro sostiene que no es que los mayores vivan más años, sino que hemos reducido en gran proporción la mortalidad infantil y la juvenil (Navarro señala que sólo hemos logrado incrementar los años vividos en 2.3 y no en 4, como sostienen los defensores de atrasar la edad de jubilación), por lo que, nuevamente, se rompe el vínculo de equiparar el aumento en la esperanza de vida con vivir más años.
Un último apunte, en relación a esta idea de vivir más años, es que al aceptar el atraso de la edad de jubilación se debe aceptar, también, que esos años los vivimos con mejor nivel de salud1. Pero dicho supuesto queda en entredicho por lo expuesto anteriormente (limitación en el número de veces que una célula se puede regenerar). Por tanto, podemos afirmar que es cuestionable el supuesto de partida que establece que vivimos más años y con mejor nivel de salud (2).
Otro supuesto, esgrimido también por FEDEA en su informe, consiste en que el sistema de pensiones actual incrementará su peso sobre el PIB en el futuro. En este supuesto se omite todo aspecto relativo a la demografía (sólo se usan cifras, sin atender a dinámicas como aumento o descenso de la natalidad, migraciones, etc) y se centra exclusivamente en fundamentos económicos. Para aceptar que este supuesto sea cierto, debe asumirse la condición de ceteris paribus con respecto a la evolución de la demografía española. Se debe asumir, por tanto, que la población va a permanecer invariable, lo que conllevará que no vaya a haber evolución en el mercado laboral (que es la fuente de la provisión de pensiones). Esto es: se debe asumir que no se van a incrementar las rentas del trabajo y que no se van a cubrir los puestos que vayan quedando vacantes conforme se vayan jubilando los trabajadores (ni va a incrementarse el número de nacimientos ni las migraciones). En este supuesto, se debe asumir, rotundamente, que las pensiones sí plantearían un problema en términos económicos. Sin embargo, esta situación no es irresoluble, lo que deja en entredicho el partir del supuesto de ceteris paribus, tal y como se indicará más adelante.
Por otro lado, el informe más extenso, el de la Comisión para el estudio de los efectos del envejecimiento en el futuro del Estado de Bienestar, desarrolla a lo largo de sus páginas una serie de argumentaciones que, partiendo de que la población española vive más y mejor, tratan de justificar medidas como el retraso de le edad de jubilación, ampliación de los años de cotización para el cálculo de las pensiones y la instauración de un modelo de corte beveringiana (aportación pública de mínimos y capitalización privada con aportaciones individuales). Destaca de dicho informe que, no obstante de las reformas propuestas, si no se toman medidas orientadas a crear empleo y a incrementar el porcentaje de ocupados en edades a partir de los 50 años, el atraso en la edad de jubilación “no garantiza por sí mismo la sostenibilidad del sistema público de pensiones” (3). Esto supone aceptar la incertidumbre de la medida, incertidumbre implícita en cualquier medida a adoptar en base a estimaciones. Esto significa, por tanto, que tan factible es proponer el atraso de la edad de jubilación como otras medidas que no sean de índole económica.
Conclusiones
En general, los informes a favor de un atraso de la edad de jubilación (con la idea implícita adicional de aceptar la participación de capital privado) se sustentan en la idea de que la presión demográfica generará problemas económicos. Sin embargo, estudios desde la biología y desde análisis demográficos más específicos relativos a esta supuesta mayor longevidad (por ejemplo, V. Navarro) ponen en cuestión el punto de partida sobre el que se sustentan dichos informes.
Como se ha señalado antes, la reforma de las pensiones se plantea en términos económicos: se parte de una peculiaridad demográfica para ofrecer soluciones económicas. Esta perspectiva ya supone un sesgo a la hora de proponer soluciones. Sería más razonable (4), en lugar de ofrecer soluciones económicas a presuntos problemas demográficos, ofrecer soluciones en términos demográficos. Si el problema planteado es que va a haber menos trabajadores por jubilado (se pasaría de cuatro trabajadores por jubilado en la actualidad a algo más de uno en el futuro) sería razonable proponer soluciones encaminadas a mejorar dicho ratio. Así, por ejemplo, una solución a corto plazo pasaría por incorporar al mercado laboral español mano de obra inmigrante (5). Otra solución de índole demográfica pasaría por mejorar la tasa de fecundidad: si se tomaran medidas orientadas a facilitar el tener y criar hijos (por ejemplo, mediante permisos retribuidos o incrementando el número de guarderías públicas y gratuitas) el supuesto problema de falta de fondos para las pensiones no se produciría (6).
Cabe criticar, tras la lectura de los informes, la perspectiva única ofrecida relativa a la adopción de medidas de índole económica (pagar menos pensiones y de menos cuantía, incorporando a la empresa privada en el sistema, en definitiva (7)). Si bien, una solución podría ser atrasar la edad de jubilación, se podrían adoptar otras medidas de índole económica que no pasaran, necesariamente, por fuertes subidas de impuestos. Así, por ejemplo, partiendo de que las pensiones se sufragan con las aportaciones de los trabajadores en activo, se podrían adoptar medidas como subir los salarios (en especial, los mínimos) o que las subidas anuales de salarios estuviesen por encima del IPC, manteniendo la subida de las pensiones en función del mismo (es decir, que los salarios suban un poco más que las pensiones y sin que éstas pierdan poder adquisitivo). A esto hay que sumar, además, la importancia de solucionar el verdadero problema que sí está vigente hoy día: el paro.
Una última cuestión de índole económica a abordar, tal y como se señaló antes, es que tampoco se hace referencia en los informes a la posibilidad del incremento de las rentas del trabajo como consecuencia del descenso del número de trabajadores en activo. Es decir, si se acepta como supuesto que va a haber más jubilados que trabajadores, entonces, los trabajadores que pasan a la jubilación, dejarán más puestos vacantes en el mercado laboral que no serán cubiertos. Por tanto, es de suponer que, en base a la ley de la oferta y la demanda, a menor mano de obra, mayor renta del trabajo percibirán los trabajadores en activo, lo que supondría que el problema de las pensiones no sería tal (se tendería al equilibrio, ya que al ganar más, las aportaciones para pensiones son de mayor cuantía para un mismo porcentaje de aportación). Con esta idea no se pretende señalar que las pensiones no puedan suponer un problema en un futuro. Lo que se pretende señalar es que es cuestionable asumir el punto de partida de ceteris paribus (es decir, que no vaya a incrementar la renta del trabajo ni se incorpore nueva mano de obra al mercado laboral) puesto que entran en juego otros factores que podrían llegar a paliar un eventual problema en el sistema público de pensiones (o a acentuarlo, por ejemplo, al deslocalizarse empresas del territorio español).
En conclusión, se ha tratado de señalar cómo en los informes, partiendo de una peculiaridad demográfica como es el envejecimiento de la población, se trata de construir un problema de índole económica (desde unos puntos de vista que pueden contener sesgos) y para los cuáles se ofrecen soluciones en una vía tal que pretenden hacer hueco a la iniciativa privada en el sistema público de pensiones. Sin embargo, se ha tratado de cuestionar tanto el concepto de “problemas del sistema de pensiones”(8) como las medidas propuestas, señalando de forma somera algunas alternativas.
Bibliografía
BERDIS, C. Envejecimiento, poblaciones envejecidas y personas ancianas. [en línea]. Antropo. [Revista en línea]. Bilbao: Universidad del País Vasco. 2004. [acceso 23 de enero de 2011]. Volumen 6. Disponible en: http://www.didac.ehu.es/antropo/6/6-1/Bernis.pdf
RATO, R. et al. Comisión para el estudio de los efectos del envejecimiento en el futuro del Estado de Bienestar: Reflexiones para la Reforma. [en línea]. Madrid: UNESPA. 2010. [acceso 24 de enero de 2011]. Disponible en: http://www.unespa.es/adjuntos/fichero_3001_20100120.pdf
La Reforma de las Pensiones. [en línea]. Madrid: FEDEA. 2010. [acceso 24 de enero de 2011]. Disponible en: http://www.unespa.es/adjuntos/fichero_3001_20100120.pdf
1 BERNIS, C. 2004
2 En el informe de la Comisión para el estudio de los efectos del envejecimiento en el futuro del Estado de Bienestar (ver Bibliografía), se cita, explícitamente, lo siguiente: “la mayor longevidad irá unida a una mejora de la salud y, por tanto, a un aumento relativo de los años de vida exentos de cuidados sanitarios crónicos.”. Por tanto, se acepta en el informe esta idea como base de la argumentación sin llegar a aportar una justificación de la misma.
3 RATO, R. et al. 2010. Página 23.
4 La razón vendría dada por lo siguiente: si se da una peculiaridad demográfica, para atenuar dicha peculiaridad el balanceo vendría dado por adoptar una solución en sentido contrario al fenómeno causante. Por ejemplo, si aumenta el número de personas mayores, basta con tratar de incrementar el número de efectivos en otros rangos de edad en la proporción adecuada, lo que compensaría el desequilibrio.
5 En el informe hacen referencia, de forma explícita, a un supuesto que parte de un prejucio, ya que consideran que incorporar mano de obra extranjera “acaba trayendo consigo un aumento de demanda de prestaciones sociales ” (RATO, R. et al. 2010. Página 7). Es decir, presuponen que el inmigrante sobrecarga servicios sociales, pero se omite el hecho de que los inmigrantes también realizan aportaciones (siempre y cuando el empresario que le contrata no incurra en ilegalidades).
6 En este caso se tratarían de incentivos económicos para alterar la demografía (los informes proponen lo contrario: adaptar la economía a la demografía, considerada como invariable). Sin embargo, no se han hecho públicos informes que comparen cuánto habría que invertir en este aspecto y cuánta riqueza se generaría gracias al incremento de mano de obra. En resumen, al invertir en natalidad, el gasto quedaría sufragado debido a que al alcanzar la edad adulta, dichos efectivos pasarían a ser tanto consumidores como contribuyentes, produciendo, en principio, un efecto multiplicador de la inversión inicial.
7 Sólo cabe señalar en este punto que si se reduce la renta disponible para los jubilados, éstos (o las rentas más bajas, al menos) necesitarían cubrir la parte que dejan de percibir mediante créditos bancarios. Es decir, se parte del supuesto de que una reducción en la renta disponible no reduce el consumo, sino que incrementa la necesidad de comprar dinero vía créditos (consecuencia aplicable también al supuesto en el que el trabajador deba detraer una parte de su salario para capitalizar fondos de pensiones privados: el trabajador ahorra para su pensión a costa de incrementar su necesidad de créditos bancarios).
8 No se descarta la posibilidad de que exista un problema, sino, más bien, se señala que no es algo tan predeterminado como se señala en los informes, al entrar gran cantidad de factores en juego sobre los que se puede actuar también. Sería más adecuado, en definitiva, actuar sobre algunos de los factores (fomentar la natalidad, reducir el desempleo) que “apostarlo todo a una carta” (atrasar la edad de jubilación), como se dice en argot.
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